Publicado el 10/06/2025 por Administrador
Vistas: 159
El expresidente Donald Trump ha ordenado un refuerzo sin precedentes de tropas federales en Los Ángeles tras una nueva ola de disturbios vinculados a redadas migratorias. Con el despliegue adicional de 700 marines activos, el número total de efectivos federales en la ciudad asciende ya a más de 4.000, incluyendo miembros de la Guardia Nacional, lo que ha provocado una tormenta política y legal en el estado de California.
La medida fue justificada por Trump a través de su red Truth Social, donde aseguró que “Los Ángeles estaría ardiendo hasta los cimientos” sin la intervención federal. Además, insinuó que podría invocar la Ley de Insurrección si la violencia se intensifica. El objetivo, según el expresidente, es proteger infraestructura federal y garantizar el orden ante lo que calificó como “acciones terroristas disfrazadas de protestas”.
Los disturbios, originados por operativos del Servicio de Inmigración (ICE), han incluido enfrentamientos, incendios de vehículos y agresiones a personal de seguridad. Aunque la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas, algunos focos de violencia han generado imágenes que han sido amplificadas en medios conservadores.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó duramente el despliegue, calificándolo de “medida excesiva e innecesaria” y advirtió sobre los riesgos de militarizar la respuesta a manifestaciones civiles. “Los cuerpos policiales locales tienen la capacidad de manejar estos eventos sin intervención militar”, sostuvo.
El gobernador Gavin Newsom fue aún más enfático. Tildó la acción de “dictatorial” y presentó una demanda federal alegando que el uso de tropas en suelo californiano sin autorización estatal es inconstitucional. “Lo que estamos viendo es un uso autoritario del poder federal para imponer una agenda política sobre los derechos civiles de los ciudadanos”, señaló.
Este despliegue es el más grande en la ciudad desde los disturbios de 1992. Además, es la primera vez desde 1965 que se movilizan tropas federales sin el consentimiento del gobernador estatal. La decisión ha reactivado el debate sobre la vigencia de la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso del ejército para funciones policiales internas sin una base legal específica como la Ley de Insurrección.
Desde el Pentágono, el secretario de Defensa Pete Hegseth defendió la operación, estimando en 134 millones de dólares el costo operativo inicial y previendo una duración de hasta 60 días. Aseguró que los marines desplegados no participarán en tareas policiales, sino que darán “apoyo táctico y logístico”.
Analistas y constitucionalistas advierten que este precedente puede erosionar la línea divisoria entre funciones militares y civiles. Organizaciones de derechos civiles alertan sobre posibles abusos, vigilancia indebida y restricciones al derecho a la protesta.
A nivel nacional, otros estados como Texas y Florida han mostrado respaldo a la estrategia de Trump, mientras que gobiernos locales en Nueva York, Illinois y Oregón han expresado su rechazo.
La tensión continúa en aumento, y el fallo judicial sobre la legalidad del despliegue podría marcar un hito en el equilibrio de poderes entre el gobierno federal y los estados. Por ahora, Los Ángeles permanece bajo un clima de vigilancia y temor, con la población dividida entre quienes apoyan el orden y quienes temen una deriva autoritaria.
